Núñez alude a criterios de "legalidad" y "adecuación presupuestaria" en la reducción de subvenciones

00:00 - 00:12 La Junta de Extremadura reconoce, sin duda, el papel constitucional y legal de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como agentes esenciales de participación institucional y diálogo social.

00:12 - 00:26 No obstante, la financiación de dicha participación debe ajustarse al marco normativo vigente, especialmente a la Ley 3.2003 y, sobre todo, a la Ley 2.2015 de desindexación de la economía española.

00:26 - 00:49 Lo que esta ley nos impide es la actualización automática de estas subvenciones conforme a la evolución porcentual del índice de precios al consumo. Y solamente nos permite actualizar estas cantidades mediante habilitación legal expresa o una justificación basada en la evolución de los costes reales que estas ayudas financian.

00:49 - 01:16 En este contexto, y atendiendo también sin duda al acuerdo de gobernabilidad vigente, pues la Junta ha revisado, como les digo, las cuantías históricamente satisfechas y ha fijado para 2026 una subvención nominativa de 284.850 euros para cada uno de los cuatro agentes sociales más representativos, manteniendo, por tanto, la financiación de la participación institucional, pero sometiéndola sin duda a los criterios de legalidad, de revisión y de adecuación presupuestaria.