El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "asombroso" que en Cataluña se exija saber catalán para la regularización de personas migrantes, algo que a su juicio no responde a un "proceso humanitario", sino al "puro interés político" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Un político crítico ha expresado su desacuerdo con el proceso de regularización en Cataluña, que exige a los inmigrantes demostrar conocimiento del catalán. Según su opinión, este requisito es difícil de entender para los ciudadanos y no responde a una intención humanitaria, sino a intereses políticos del Gobierno español, particularmente en relación con sus alianzas con partidos como Podemos y el presidente Salvador Illa. Esta situación ha llevado a la presidenta Ayusa a considerar que el Tribunal Constitucional debe dictaminar al respecto. El crítico señala que esta imposición puede ser vista como arbitraria y destaca la hipocresía en la discusión sobre la aceptación de costumbres locales por parte de los inmigrantes, sugiriendo que aquellos que se escandalizan ante la xenofobia deberían también cuestionar estas nuevas normativas en el proceso de regularización. En resumen, el proceso se percibe como un intento de satisfacer intereses políticos más que como una medida para proteger la dignidad de las personas inmigrantes.
Transcripciones
Bueno, parece asombroso el proceso de regularización y que en Cataluña se diga que tienen que saber catalán para poder ser regularizados, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que los ciudadanos difícilmente entienden, que no podemos aceptar sin más que se establezcan requisitos distintos y diferentes y que es un proceso no guiado por un afán humanitario, sino por un interés político.
Esta es una nueva prueba de que el gobierno de España no comete este proceso de regularización en el entendimiento entre administraciones, sino en el puro interés político, primero con Podemos y ahora con el presidente Salvador Illa para introducir el requisito del catalán y por tanto me parece muy pertinente que la presidenta Ayusa decida que esto es una cuestión sobre la que debe dictaminar el Tribunal Constitucional.
Lo digo porque luego todos aquellos que critican, que algunas veces se digan que si los emigrantes que vienen a España tienen que aceptar las costumbres como somos, nuestro modo de vida y nuestro ordenamiento jurídico y se escandalizan hablando de racismo y de xenofobia.
Y ahora no se van a escandalizar en estos mismos términos cuando se introduce de forma un tanto arbitraria, dejémoslo ahí, este requisito para todos aquellos inmigrantes que quieran ser regularizados en Cataluña.
Por tanto, volvemos a lo mismo.
Es un proceso no humanitario, sino puramente político, que pretende satisfacer únicamente intereses puntuales del presidente, del gobierno, ya sean sus pactos con Podemos, ya sean su situación electoral en Cataluña, y que desde luego no tiene por objeto proteger la dignidad de las personas como trataron de decirnos.
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Bueno, parece asombroso el proceso de regularización y que en Cataluña se diga que tienen que saber catalán para poder ser regularizados, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que los ciudadanos difícilmente entienden, que no podemos aceptar sin más que se establezcan requisitos distintos y diferentes y que es un proceso no guiado por un afán humanitario, sino por un interés político.
Esta es una nueva prueba de que el gobierno de España no comete este proceso de regularización en el entendimiento entre administraciones, sino en el puro interés político, primero con Podemos y ahora con el presidente Salvador Illa para introducir el requisito del catalán y por tanto me parece muy pertinente que la presidenta Ayusa decida que esto es una cuestión sobre la que debe dictaminar el Tribunal Constitucional.
Lo digo porque luego todos aquellos que critican, que algunas veces se digan que si los emigrantes que vienen a España tienen que aceptar las costumbres como somos, nuestro modo de vida y nuestro ordenamiento jurídico y se escandalizan hablando de racismo y de xenofobia.
Y ahora no se van a escandalizar en estos mismos términos cuando se introduce de forma un tanto arbitraria, dejémoslo ahí, este requisito para todos aquellos inmigrantes que quieran ser regularizados en Cataluña.
Por tanto, volvemos a lo mismo. Es un proceso no humanitario, sino puramente político, que pretende satisfacer únicamente intereses puntuales del presidente, del gobierno, ya sean sus pactos con Podemos, ya sean su situación electoral en Cataluña, y que desde luego no tiene por objeto proteger la dignidad de las personas como trataron de decirnos.
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