La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha avisado de que la Xunta "no puede admitir" la transferencia de la AP-9 aprobada por el Congreso de los Diputados esta semana --pactada entre el PSOE, Sumar y BNG-- y la ha defendido "tal y como fue aprobada en el Parlamento de Galicia".
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha manifestado el rechazo de la Xunta a la transferencia de la AP-9 aprobada recientemente por el Congreso, en un acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG. Martínez Allegue enfatizó que la transferencia debe ser aprobada tal y como fue ratificada por el Parlamento de Galicia. Criticó que el texto modificado por el Gobierno Central no incluye elementos cruciales como el 1% tarifario anual durante 38 años y las bonificaciones comprometidas que no están en vigor, lo que podría resultar en un coste de al menos 4.000 millones de euros que, según ella, deberían asumir el Gobierno Central y no los gallegos. La conselleira dejó claro que la Xunta no aceptará una transferencia que imponga compromisos financieros injustos sobre los ciudadanos gallegos, defendiendo así los intereses económicos de la región.
Transcripciones
Se tienen que aprobar una transferencia tal y como fue aprobada por el Parlamento galego, porque no queremos la transferencia, pero queremos una transferencia, si me permite esa expresión, financiada, que no suponga unos prejuicios económicos que tengan que pagar los galegos cuando no nos corresponde pagar los galegos.
El texto que se modifica, que se enmienda, varía en mucho con respecto a aprobado por el Parlamento. No recue, por ejemplo, ese 1% tarifario anual que se aplica hasta el año 38, Estamos a hablar de 500 millones de euros. No recue bonificaciones comprometidas, que fueran comprometidas por el Gobierno Central y que ahora mismo no están operativas, tampoco se recue.
No recue que las posibles consecuencias de esa anulidad de la prórroga que se está dictaminar en la Comisión Europea se sea asumida por el Gobierno Central o retiran eso. Por lo tanto, estamos a hablar de una cuantificación de al menos 4.000 millones de euros que corresponde al Gobierno Central y que ahora pretenden que paguemos los galegos.
Por supuesto, eso no lo vimos aceptar. Desde luego, desde la Junta de Galicia, no podemos admitir una transferencia que supone que los gáleos teníamos que asumir compromisos económicos que no nos corresponden, que corresponden al gobierno central.
Eso lo tenemos muy claro.
Se tienen que aprobar una transferencia tal y como fue aprobada por el Parlamento galego, porque no queremos la transferencia, pero queremos una transferencia, si me permite esa expresión, financiada, que no suponga unos prejuicios económicos que tengan que pagar los galegos cuando no nos corresponde pagar los galegos.
El texto que se modifica, que se enmienda, varía en mucho con respecto a aprobado por el Parlamento. No recue, por ejemplo, ese 1% tarifario anual que se aplica hasta el año 38, Estamos a hablar de 500 millones de euros. No recue bonificaciones comprometidas, que fueran comprometidas por el Gobierno Central y que ahora mismo no están operativas, tampoco se recue.
No recue que las posibles consecuencias de esa anulidad de la prórroga que se está dictaminar en la Comisión Europea se sea asumida por el Gobierno Central o retiran eso. Por lo tanto, estamos a hablar de una cuantificación de al menos 4.000 millones de euros que corresponde al Gobierno Central y que ahora pretenden que paguemos los galegos.
Por supuesto, eso no lo vimos aceptar. Desde luego, desde la Junta de Galicia, no podemos admitir una transferencia que supone que los gáleos teníamos que asumir compromisos económicos que no nos corresponden, que corresponden al gobierno central.
Eso lo tenemos muy claro.
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