El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón también a UGT, al igual que hiciera con CCOO, en el contencioso abierto con la Junta para reclamar las cuantías adeudadas por participación institucional correspondientes a 2023 que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que lideraba Mariano Veganzones, suprimió en 2023. Así, el Alto tribunal condena a la Junta a abonar a UGT 743.000 euros más la actualización correspondiente al IPC, además de las costas, una cuantía que resta de la subvención total de 1.237.000 euros contemplados para el sindicato después de que éste sí acudiera a una convocatoria excepcional que en 2023 sacó la Consejería y en la que le otorgó 494.000 euros, a diferencia de Comisiones Obreras, que decidió no participar en ella. El secretario general de UGT, Óscar Lobo, considera que esta sentencia "remata" el proceso judicial de los sindicatos de clase "contra las tropelías y abusos de poder" de la Consejería de la que se hizo cargo Mariano Veganzones "con la complicidad" del entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y además cree que VOX actuó "a sabiendas" y "con alevosía" y sabía que se saltaba la ley al eliminar estas ayudas.
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