Con esta línea de ayudas, que se pone en marcha en 2016, la Diputación de Zaragoza cumple el mandato establecido en la Ley 52/2007, que obliga a las administraciones públicas a facilitar a los descendientes directos de las víctimas las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la represión política posterior, ha argumentado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cihuelo.
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