La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho ha presentado un informe en el que alerta de la creciente "mercantilización" del padrón municipal y de la consolidación de un "limbo administrativo" que deja a migrantes fuera del acceso efectivo a derechos básicos en España.
Transcripciones
Qué bueno poder encontrarnos con esta fuerza y ante una realidad que de manera organizada queremos visibilizar porque es indispensable que seamos visibles y sin tener padrón, por supuesto, estamos invisibles.
Y somos personas con plenos derechos, queremos estos plenos derechos en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras realidades y en nuestra forma de vivir aquí, en este país.
Empadronarse no es un favor, ni es una concesión administrativa, ni un trámite menor.
El empadronamiento es la puerta de entrada al ejercicio efectivo de derechos fundamentales.
Sin padrón, miles de personas quedamos fuera del sistema de protección social, sin acceso a servicios básicos y sin reconocimiento institucional.
Este informe nace para visibilizar como un derecho básico que se ha convertido en muchos territorios en una trinchera que excluye.
La legislación española es clara y contundente.
Toda persona que reside en un municipio tiene la obligación y el derecho de empadronarse.
con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o tipo de vivienda.
El empadronamiento no acredita residencia legal ni regulariza, pero sí permite el acceso a derechos básicos.
Exigir requisitos adicionales constituye una vulneración de la normativa vigente.
A pesar de la claridad normativa, en la práctica persistente, trabas sistemáticos y legales exigen, por ejemplo, un contrato de alquiler, escrituras, permisos de residencia, seguros de impago, denegación arbitraria de citas previas, negativa a empadronarse y no permite ese padrón a personas sin domicilio fijo o que viven en infraviviendas, controles policiales desproporcionados.
Estas prácticas generan invisibilidad administrativa y exclusión social.
La vulneración del derecho al padrón no es aleatoria.
Afecta especialmente a personas migrantes, mujeres migrantes, trabajadoras del hogar, de los cuidados, personas sin hogar, familias con menores y víctimas de violencia de género o trata.
Quienes más necesitamos protección son quienes más obstáculos nos encontramos.
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Qué bueno poder encontrarnos con esta fuerza y ante una realidad que de manera organizada queremos visibilizar porque es indispensable que seamos visibles y sin tener padrón, por supuesto, estamos invisibles.
Y somos personas con plenos derechos, queremos estos plenos derechos en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras realidades y en nuestra forma de vivir aquí, en este país.
Empadronarse no es un favor, ni es una concesión administrativa, ni un trámite menor. El empadronamiento es la puerta de entrada al ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Sin padrón, miles de personas quedamos fuera del sistema de protección social, sin acceso a servicios básicos y sin reconocimiento institucional. Este informe nace para visibilizar como un derecho básico que se ha convertido en muchos territorios en una trinchera que excluye.
La legislación española es clara y contundente. Toda persona que reside en un municipio tiene la obligación y el derecho de empadronarse. con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o tipo de vivienda. El empadronamiento no acredita residencia legal ni regulariza, pero sí permite el acceso a derechos básicos. Exigir requisitos adicionales constituye una vulneración de la normativa vigente.
A pesar de la claridad normativa, en la práctica persistente, trabas sistemáticos y legales exigen, por ejemplo, un contrato de alquiler, escrituras, permisos de residencia, seguros de impago, denegación arbitraria de citas previas, negativa a empadronarse y no permite ese padrón a personas sin domicilio fijo o que viven en infraviviendas, controles policiales desproporcionados.
Estas prácticas generan invisibilidad administrativa y exclusión social. La vulneración del derecho al padrón no es aleatoria. Afecta especialmente a personas migrantes, mujeres migrantes, trabajadoras del hogar, de los cuidados, personas sin hogar, familias con menores y víctimas de violencia de género o trata.
Quienes más necesitamos protección son quienes más obstáculos nos encontramos.
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