Transcripciones
Siempre digo que en Andalucía la educación está en muy buenas manos.
Y por ello era necesario reconocer esa condición de autoridad pública del profesorado, la presunción de veracidad en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, lo que viene a significar que cuando un profesor dice que un alumno no se está portando bien, no se lo está inventando, que a veces se cuestiona esa autoridad del docente, y el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por hechos derivados de su ejercicio profesional.
Una ley que fue más allá que otras similares en otras comunidades autónomas, porque incluyó específicamente el ciberacoso a la función directiva y esa asistencia psicológica, así como el impulso a las mejoras retributivas.
Este decreto viene a apuntalar y consolidar los principios de la ley, regulando los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuito en aquellos casos en los que sea necesario.
En concreto, la asistencia jurídica, la representación y defensa en juicio de los docentes de los centros públicos, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos, ante amenazas, coacciones o agresiones.
Además, la Consejería promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.
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Siempre digo que en Andalucía la educación está en muy buenas manos. Y por ello era necesario reconocer esa condición de autoridad pública del profesorado, la presunción de veracidad en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, lo que viene a significar que cuando un profesor dice que un alumno no se está portando bien, no se lo está inventando, que a veces se cuestiona esa autoridad del docente, y el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por hechos derivados de su ejercicio profesional.
Una ley que fue más allá que otras similares en otras comunidades autónomas, porque incluyó específicamente el ciberacoso a la función directiva y esa asistencia psicológica, así como el impulso a las mejoras retributivas.
Este decreto viene a apuntalar y consolidar los principios de la ley, regulando los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuito en aquellos casos en los que sea necesario.
En concreto, la asistencia jurídica, la representación y defensa en juicio de los docentes de los centros públicos, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos, ante amenazas, coacciones o agresiones.
Además, la Consejería promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.
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