Presidente CES España ve necesaria regularización extraordinaria y Murcia pide su retirada
Declaraciones del secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez
La reciente regularización de 1,2 millones de inmigrantes en el país ha generado preocupaciones sobre el impacto en los servicios públicos y la cohesión social. Los líderes políticos advierten que esta medida se ha implementado sin un debate público adecuado, ignorando el necesario debate parlamentario, esencial en una democracia. Además, se ha dejado de lado a las comunidades autónomas, que son responsables de la administración de estos servicios. La tensión en la percepción de seguridad ciudadana entre los vecinos podría aumentar debido a la entrada masiva de estas personas en el sistema. Las autoridades locales están preocupadas por cómo afrontar la demanda adicional en servicios esenciales, lo que podría afectar la calidad de vida de los ciudadanos. Este contexto resalta la importancia de un enfoque integrado y coordinado que incluya a todos los niveles de gobierno en la gestión de la inmigración y sus efectos en la sociedad.
Transcripciones
El tensionamiento de los servicios públicos, de la cohesión social, la percepción de la seguridad ciudadana que tienen nuestros vecinos se va a ver claramente tensionada por esa regularización que además se ha hecho totalmente a espaldas del debate público.
Se ha hurtado el debate parlamentario, que es básico en una democracia, pero es que también se ha dejado al margen a las comunidades autónomas, que, como saben, somos las Administraciones territoriales que tenemos que prestar esos servicios que se tensionarán como consecuencia de esa entrada de 1,2 millones de personas en el sistema.
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El tensionamiento de los servicios públicos, de la cohesión social, la percepción de la seguridad ciudadana que tienen nuestros vecinos se va a ver claramente tensionada por esa regularización que además se ha hecho totalmente a espaldas del debate público.
Se ha hurtado el debate parlamentario, que es básico en una democracia, pero es que también se ha dejado al margen a las comunidades autónomas, que, como saben, somos las Administraciones territoriales que tenemos que prestar esos servicios que se tensionarán como consecuencia de esa entrada de 1,2 millones de personas en el sistema.
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