La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, defiende la legalidad de las progresiones de grado y la flexibilización de condenas a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario concedidas a presos de ETA. "Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero desde luego no podemos hacerlo incumpliendo la ley", asegura.
La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha abordado el dolor irreparable de las víctimas de delitos violentos, enfatizando que no existen penas suficientes para compensar su sufrimiento. Durante su intervención, San José destacó la importancia de actuar dentro del marco legal, subrayando que el incumplimiento de la ley no es una opción, ya que esto los diferencia de aquellos que utilizan la violencia para imponer sus ideales. La consejera expresó su compromiso de acompañar a las víctimas, asegurando que el Gobierno está dispuesto a ofrecer apoyo y recursos para ayudarles en su camino hacia la verdad, la justicia y la dignidad. Además, se está trabajando intensamente en el área de derechos humanos para garantizar que las víctimas sean escuchadas y reciban el reconocimiento que merecen, reiterando que no están solas en su dolor.
Transcripciones
En primer lugar, me gustaría decir que somos conscientes de que no hay pena para compensar el dolor que las víctimas sienten, porque las consecuencias del delito no se reducen a la pérdida por un ser querido o las propias heridas, sino que son muchas y mucho más profundas.
Y solo quien lo vive, desde luego, puede sentirlo. Pero tenemos que ser especialmente rigurosos con las decisiones que tomamos. Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero desde luego no podemos hacerlo incumpliendo la ley. Porque eso es precisamente lo que nos diferencia de los que usaron la violencia al margen del Estado de Derecho para imponer un proyecto político.
Por eso nuestro compromiso se centra en acompañarlas, en escucharlas, poniendo a su disposición todas las herramientas que están en nuestra mano para que comprendan que no están solas, que parte de la sociedad representada en este Gobierno está con ellas, las acompaña en ese camino hacia la verdad, la justicia, la reparación y reconocer su dignidad como víctimas, algo que estamos trabajando intensamente en el área de derechos humanos y atención a las víctimas.
En primer lugar, me gustaría decir que somos conscientes de que no hay pena para compensar el dolor que las víctimas sienten, porque las consecuencias del delito no se reducen a la pérdida por un ser querido o las propias heridas, sino que son muchas y mucho más profundas.
Y solo quien lo vive, desde luego, puede sentirlo. Pero tenemos que ser especialmente rigurosos con las decisiones que tomamos. Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero desde luego no podemos hacerlo incumpliendo la ley. Porque eso es precisamente lo que nos diferencia de los que usaron la violencia al margen del Estado de Derecho para imponer un proyecto político.
Por eso nuestro compromiso se centra en acompañarlas, en escucharlas, poniendo a su disposición todas las herramientas que están en nuestra mano para que comprendan que no están solas, que parte de la sociedad representada en este Gobierno está con ellas, las acompaña en ese camino hacia la verdad, la justicia, la reparación y reconocer su dignidad como víctimas, algo que estamos trabajando intensamente en el área de derechos humanos y atención a las víctimas.
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