La Junta de Extremadura ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto del Gobierno central, el cual ha sido rechazado en su totalidad. Este decreto impone regulaciones que, según la Junta, sobrepasan las competencias del Gobierno central y afectan la autonomía de la comunidad. Los cinco puntos principales del recurso argumentan que el decreto obliga a mantener la protección de ciertas viviendas de manera permanente, impone una cofinanciación del 40% en viviendas, interviene en zonas tensionadas y requiere autorización estatal para actos financiados con fondos públicos. La Junta considera que estas condiciones limitan su capacidad para gestionar su propia política de vivienda. A pesar de abogar por la cooperación entre administraciones, la Junta defiende que debe respetarse el marco competencial de cada una de ellas para garantizar una gestión efectiva y autónoma en materia de vivienda en Extremadura.
Transcripciones
Esta decisión se produce después de que el Gobierno central haya rechazado íntegramente el requerimiento de incompetencia presentado por la Junta de Extremadura contra este Real Decreto.
Entendemos que el texto contempla algunas regulaciones que exceden de las competencias del Gobierno central y que, por tanto, se entran dentro de las competencias de la comunidad autónoma.
Y para que se hagan una idea, los cinco grandes bloques sobre los que nosotros interpondemos ese recurso de inconstitucionalidad son por los siguientes motivos. Ese real decreto obliga a mantener de forma permanente la protección de determinadas vigencias durante toda la vida de la vivienda. Además, impone a las comunidades autónomas una cofinanciación del 40% de las viviendas previstas.
Insiste también en la intervención de las llamadas zonas tensionadas y exige también autorización estatal para determinados actos financiados con fondos públicos. Estas condiciones estamos convencidos de que limitan la capacidad de Extremadura para decidir su propia política de vivienda, como la que hoy continuamos trayendo este decreto ley de simplificación urbanística, y que, por tanto, sí defendemos la cooperación entre Administraciones, pero siempre y cuando respeten las competencias de cada una de las mismas.
Esta decisión se produce después de que el Gobierno central haya rechazado íntegramente el requerimiento de incompetencia presentado por la Junta de Extremadura contra este Real Decreto.
Entendemos que el texto contempla algunas regulaciones que exceden de las competencias del Gobierno central y que, por tanto, se entran dentro de las competencias de la comunidad autónoma.
Y para que se hagan una idea, los cinco grandes bloques sobre los que nosotros interpondemos ese recurso de inconstitucionalidad son por los siguientes motivos. Ese real decreto obliga a mantener de forma permanente la protección de determinadas vigencias durante toda la vida de la vivienda. Además, impone a las comunidades autónomas una cofinanciación del 40% de las viviendas previstas.
Insiste también en la intervención de las llamadas zonas tensionadas y exige también autorización estatal para determinados actos financiados con fondos públicos. Estas condiciones estamos convencidos de que limitan la capacidad de Extremadura para decidir su propia política de vivienda, como la que hoy continuamos trayendo este decreto ley de simplificación urbanística, y que, por tanto, sí defendemos la cooperación entre Administraciones, pero siempre y cuando respeten las competencias de cada una de las mismas.
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