Galicia, Asturias y Castilla y León han sellado este miércoles la Declaración de Compostela, un acuerdo suscrito con las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades para reclamar a la Unión Europea (UE) una resolución definitiva del procedimiento abierto sobre las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 que obligue al Gobierno del Estado a ponerles fin.
Este miércoles, las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León han firmado la Declaración de Compostela, un acuerdo en el que instan a la Comisión Europea a agilizar la resolución del procedimiento de infracción relacionado con las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66. Los consejeros de las tres comunidades, junto con las principales organizaciones empresariales, han expresado su preocupación por la dilatación de los plazos y han solicitado una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Jornet, para discutir sus demandas. La intención es que el Gobierno español cumpla con el dictamen correspondiente y no posponga más el cumplimiento de la legalidad. Este acuerdo busca reunir fuerzas y presionar para que el procedimiento avance de manera efectiva durante el otoño, ya que consideran que los tiempos son cruciales para evitar más retrasos en la resolución de este tema vital para la región.
Transcripciones
Hoy lo que acabamos de firmar las tres comunidades autónomas, por lo tanto, los tres gobiernos de las tres comunidades autónomas representados por sus consejeros y las conferencias de empresarios, es una declaración conjunta en la que solicitamos premura a la Comisión Europea para la resolución de ese procedimiento de infracción y sus consecuencias.
Paralelamente, mañana mismo lo que haremos es remitir por parte de los consejeros de las comunidades autónomas una solicitud de reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, con el señor Jornet, para que atienda nuestras peticiones y nuestras solicitudes.
Los plazos aquí se van a alargar mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros pretendemos desde la Alianza del Noroeste y en apoyo de todos los que hoy estamos aquí es no dilatar más el cumplimiento de la legalidad. El gobierno sí o sí tiene que ejecutar el dictamen, tiene que cumplir con la legalidad.
No hay ningún amparo legal de ninguna cuestión para que hoy estemos hablando de un dictamen de julio del 2025 que todavía no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno. Entonces, la vía es, evidentemente, todo el apoyo de lo que se ha planteado hoy en esta mesa va a sumar, pero la realidad es, el gobierno está obligado del cumplimiento de ese dictamen motivado.
Yo lo que creo que el paso que estamos dando aquí es que lo que decimos por separado confluye, que las razones de cada una de las comunidades y de los distintos procedimientos confluyen y que esa presión tiene que ser ahora decisiva.
El gobierno de España no es un gobierno único, es una administración que va a evolucionar y que por lo tanto en un procedimiento largo los tiempos importan. Y para nosotros es decisivo que este procedimiento avance ahora, que avance durante el otoño y que podamos tener frutos y por eso el paso que hoy estamos dando.
Hoy lo que acabamos de firmar las tres comunidades autónomas, por lo tanto, los tres gobiernos de las tres comunidades autónomas representados por sus consejeros y las conferencias de empresarios, es una declaración conjunta en la que solicitamos premura a la Comisión Europea para la resolución de ese procedimiento de infracción y sus consecuencias.
Paralelamente, mañana mismo lo que haremos es remitir por parte de los consejeros de las comunidades autónomas una solicitud de reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, con el señor Jornet, para que atienda nuestras peticiones y nuestras solicitudes.
Los plazos aquí se van a alargar mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros pretendemos desde la Alianza del Noroeste y en apoyo de todos los que hoy estamos aquí es no dilatar más el cumplimiento de la legalidad. El gobierno sí o sí tiene que ejecutar el dictamen, tiene que cumplir con la legalidad.
No hay ningún amparo legal de ninguna cuestión para que hoy estemos hablando de un dictamen de julio del 2025 que todavía no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno. Entonces, la vía es, evidentemente, todo el apoyo de lo que se ha planteado hoy en esta mesa va a sumar, pero la realidad es, el gobierno está obligado del cumplimiento de ese dictamen motivado.
Yo lo que creo que el paso que estamos dando aquí es que lo que decimos por separado confluye, que las razones de cada una de las comunidades y de los distintos procedimientos confluyen y que esa presión tiene que ser ahora decisiva.
El gobierno de España no es un gobierno único, es una administración que va a evolucionar y que por lo tanto en un procedimiento largo los tiempos importan. Y para nosotros es decisivo que este procedimiento avance ahora, que avance durante el otoño y que podamos tener frutos y por eso el paso que hoy estamos dando.
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