Declaraciones del portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, quien ha explicado que el Gobierno sigue negociando un nuevo real decreto ley para retomar las medidas de renovación automática de los arrendamientos de vivienda con subidas de precio no superiores al 2%. "Esperamos en breve poder dar buenas noticias a todo el país", ha expresado.
El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha reclamado la urgente necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda en España, proponiendo modificar la ley de vivienda para facilitar la declaración de zonas tensionadas, lo que permitiría a los ayuntamientos establecer precios asequibles. Santiago destacó la importancia de crear un parque público de vivienda y saludó el éxito de los sindicatos de inquilinas en la negociación con la Seguridad Social para transferir propiedades a la nueva Agencia Pública de Vivienda, Casa 47. También anunció que el Gobierno está negociando un nuevo Real Decreto Ley para permitir la renovación automática de arrendamientos con subidas de precios limitadas al 2%. Criticó la falta de acción del Partido Popular en este tema y lo acusó de favorecer a grandes propietarios en detrimento de los derechos de la población, instando al PSOE a adoptar medidas más firmes en defensa del acceso a la vivienda para todos los ciudadanos.
Transcripciones
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reivindicar que la vivienda sea un derecho, que no sea una mercancía para la especulación.
Es imprescindible tomar medidas, en primer lugar, para intervenir el precio de la vivienda, intervenir lo que se llama mercado de la vivienda y que no debería ser un mercado.
Y para eso, en primer lugar, hay que modificar urgentemente la ley de vivienda a la vista de la falta de voluntad de las administraciones públicas, comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular para declarar zonas tensionadas.
La posibilidad de declarar zonas tensionadas tiene que pasar también a los ayuntamientos, para que sean los ayuntamientos los que garanticen precios asequibles para todas las personas.
Y este país necesita un inmenso parque público de vivienda.
Quiero saludar el éxito del sindicato de inquilinas e inquilinos al haber negociado con la Tesorería General de la Seguridad Social que las viviendas de su titularidad pasen a Casa 47, a lo que tiene que ser la Agencia Pública de Vivienda.
Y pedimos, exigimos que el resto de las administraciones públicas dependientes de la Administración General del Estado, que también tienen en propiedad viviendas, también tienen que ponerlas a disposición de Casa 47 para que se constituya el núcleo primigenio, el núcleo esencial de esa agencia.
Pero son muchas más medidas las que es imprescindible tomar.
Como saben, nuestro grupo parlamentario y nuestros compañeros y compañeras en el Gobierno siguen negociando un nuevo Real Decreto Ley para retomar las medidas de renovación automática de los arrendamientos de vivienda y de mantenimiento de precios asequibles, es decir, renovación con subidas de precios no superiores en ningún caso al 2%.
Saben que es una propuesta que estuvo en vigor durante un mes y que en el Congreso hundieron el Partido Popular Vox y Junts.
Seguimos negociando y esperamos en breve poder dar buenas noticias a España, a todo el país, en el sentido de poder llevar otra norma que en este caso pueda salir adelante en el mismo sentido.
Control del precio de las subidas de los precios de los arrendamientos y renovación automática.
Y simplemente quiero hacer una reflexión.
Si el Reino Unido acaba de aprobar una ley que permite la renovación indefinida de los arrendamientos hasta que haya un incumplimiento, es decir, un impago, y si además el Reino Unido también ha establecido un control de las subidas de los precios, no hay ningún motivo para que no se haga en España.
Y desde luego es una exigencia dirigida en especial al Partido Socialista, que tiene que dejar de ser tibio en este asunto y tomar todas las medidas necesarias para que ese parque público de vivienda sea una realidad que satisfaga las necesidades de la inmensa mayoría de la población de este país.
Esta manifestación también viene a cuento porque dicen los sindicatos de inquilinas que el resultado de la ley de vivienda tres años después de estar en vigor no ha alcanzado los objetivos previstos.
Ustedes también están detrás de esa ley.
¿Qué les podemos decir? Así es.
Es lo que ya les he explicado hace un momento.
El problema de esa ley, nosotros estuvimos en contra cuando se adoptó esa medida, es que el control de precios, la declaración de zonas tensionadas queda en manos de las comunidades autónomas.
Eso es algo que debe saber todo el país.
Muy pocas comunidades autónomas han ejercido esta potestad, Cataluña o el País Vasco o Navarra, todas ellas gobernadas por fuerzas políticas distintas al Partido Popular.
El problema es nuevamente el Partido Popular, cuando el Partido Popular gobierna, se niega a la declaración de zonas tensionadas, antepone los intereses especulativos de los grandes propietarios a los intereses o a los derechos de nuestro pueblo.
Por eso es precisamente por lo que estamos pidiendo, negociando y trabajando para que esa potestad, esa posibilidad de declarar zonas tensionadas, es decir, controlar el precio de los arrendamientos y del precio de la vivienda en general, pase también, sea una potestad, una competencia compartida con los ayuntamientos, que sin duda alguna, al ser mucho más plurales en sus gobiernos, al menos todos los que sean gobiernos municipales de la izquierda, desde luego de SUMAR, de Izquierda Unida, por supuesto que van a tomar de inmediato esas decisiones de declaración de zonas tensionadas.
Hasta ahora los ayuntamientos lo único que pueden hacer es pedir a las comunidades autónomas que si tienen a bien hagan esas declaraciones.
y ya les digo, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de este país las gobierna el Partido Popular y el Partido Popular se niega radicalmente a las declaraciones de zonas tensionadas.
O sea, su juicio el efecto ha sido decepcionante de la ley.
Es una ley que ha ayudado, obviamente, decepcionante no ha sido las comunidades autónomas que han ejercido esa declaración de zona tensionada, pero el problema es el gobierno del Partido Popular y las comunidades autónomas.
Y, por supuesto, hay que hacer una ley que acabe con el bloqueo, con el sabotaje del Partido Popular al control de los precios de la vivienda.
Ha hablado del Real Decreto de volver a llevarlo, de que estaban negociando, pero como en otros temas, los números son los números.
¿Con quién negocian? ¿PNV, Junts? Obviamente el Gobierno y en especial los ministros y ministras de Sumar están negociando con las fuerzas políticas que votaron en contra, evidentemente.
Con las que votaron a favor, se les informa, se trabaja, pero se cuenta con ese voto.
Y francamente lo que hace falta son cuatro votos, cuatro votos que esperamos que salgan de Junts o si el Partido Popular fuera razonable pues aportaría esos cuatro votos porque es algo que interesa a la inmensa mayoría de la población.
Desgraciadamente ya he dicho que hasta ahora el Partido Popular antepone los derechos de los grandes tenedores de vivienda y en esto quiero ser también muy claro, no es cierto que en este país los arrendadores sean mayoritariamente pequeños propietarios.
Cada día las viviendas están más acumuladas en grandes fondos de inversión y en grandes tenedores.
Y eso es lo que hay que controlar.
¿Hasta qué punto están dispuestos a hacer cesiones para esa valoración? En una negociación siempre hay que hacer cesiones.
Y por supuestísimo que los compañeros y compañeras que están negociando están trabajando para que todas las partes puedan presentar ese resultado de la negociación como positivo.
Pero para nosotros y nosotras el objetivo fundamental es el que les digo, es garantizar viviendas asequibles en un país que tiene multitud de viviendas vacías en estos momentos.
Ayer conocimos el informe de la UDED en el que se basa la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Creece la preocupación en la coalición de gobierno? El informe no dice nada que no se conociera en el autojudicial.
De hecho, el autojudicial se construyó sobre ese informe de la UDEF, que a su vez, en buena parte, se ha construido sobre los informes de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, del Home Security, y bueno, pues si nosotros ya hemos marcado la posición, no se puede permitir que se cobre por gestiones políticas.
Eso es un delito.
Eso es un delito.
Y por otro lado, también dejar bien claro que no vamos a permitir que haya una desestabilización por parte del gobierno de los Estados Unidos manipulando información.
Es incomprensible que el embajador de los Estados Unidos en España en esta última semana se haya reunido con el señor Fijo, con el señor Abascal y con la señora Ayuso.
a la Embajada de los Estados Unidos, hay que recordarle que representa a su país ante el gobierno de España, no ante la oposición de España.
¿Esos 400 folios del informe de ayer le mantienen.
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? Nuestra posición ha sido bien clara, lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable, no puede ser que expresidentes del gobierno compatibilicen sus tareas públicas, una oficina pública de expresidentes del gobierno con actividades privadas, tienen que decidir a qué dedicarse, a una cosa u otra, no pueden mezclarse esos dos ámbitos y lo que hace falta es acometer rápidamente una reforma de la legislación que venimos pidiendo insistentemente.
En primer lugar, impulsar la aprobación de la ley de lobbies, que sorprendentemente está paralizada en el Congreso de los Diputados.
Prácticamente somos el único grupo que quiere el impulso de esa ley, que ya está en una fase avanzada, ha pasado el periodo de enmiendas y a la vista de estos acontecimientos estamos siendo muy claros.
Es imprescindible una reforma de la legislación que regula las actividades de los expresidentes y el funcionamiento de las oficinas de los expresidentes, que tienen una regulación absolutamente laxa que permiten estas situaciones tan sumamente desoladoras como la que estamos viviendo en este momento.
O sea, el tratarse de un expresidente no pondría en riesgo la coalición de gobierno actual.
Mire, el presidente González, el presidente Aznar han venido haciendo sistemáticamente actividades comerciales utilizando sus conocimientos, sus influencias, evidentemente, y hasta que no se acreditan delitos que además son responsabilidad del gobierno, pues obviamente no es al gobierno a quien hay que pedirle responsabilidades.
Aquí la derecha está acostumbrada a pedir responsabilidades por todo al gobierno.
Estos hechos, además, ni siquiera ocurrieron durante este gobierno, ocurrieron durante un gobierno anterior, con lo cual, pues será ese gobierno, en todo caso, al que haya que pedirle dimisiones, lo cual es complicado.
Pero hasta ahora ni en los informes policiales, ni en los informes de las agencias estadounidenses, ni en las resoluciones judiciales, se apunta a ningún comportamiento indebido por parte de este gobierno y tampoco del anterior.
Yo les recuerdo que fueron seis rescates de compañías aéreas, seis rescates, y no hay ningún cuestionamiento de la idoneidad del rescate.
Incluso les recuerdo que la querella de manos limpias se dirigió contra un vicepresidente de la SEPI, nombrado por el señor Mariano Rajoy.
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...reivindicar que la vivienda sea un derecho, que no sea una mercancía para la especulación. Es imprescindible tomar medidas, en primer lugar, para intervenir el precio de la vivienda, intervenir lo que se llama mercado de la vivienda y que no debería ser un mercado. Y para eso, en primer lugar, hay que modificar urgentemente la ley de vivienda a la vista de la falta de voluntad de las administraciones públicas, comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular para declarar zonas tensionadas.
La posibilidad de declarar zonas tensionadas tiene que pasar también a los ayuntamientos, para que sean los ayuntamientos los que garanticen precios asequibles para todas las personas.
Y este país necesita un inmenso parque público de vivienda. Quiero saludar el éxito del sindicato de inquilinas e inquilinos al haber negociado con la Tesorería General de la Seguridad Social que las viviendas de su titularidad pasen a Casa 47, a lo que tiene que ser la Agencia Pública de Vivienda.
Y pedimos, exigimos que el resto de las administraciones públicas dependientes de la Administración General del Estado, que también tienen en propiedad viviendas, también tienen que ponerlas a disposición de Casa 47 para que se constituya el núcleo primigenio, el núcleo esencial de esa agencia.
Pero son muchas más medidas las que es imprescindible tomar. Como saben, nuestro grupo parlamentario y nuestros compañeros y compañeras en el Gobierno siguen negociando un nuevo Real Decreto Ley para retomar las medidas de renovación automática de los arrendamientos de vivienda y de mantenimiento de precios asequibles, es decir, renovación con subidas de precios no superiores en ningún caso al 2%.
Saben que es una propuesta que estuvo en vigor durante un mes y que en el Congreso hundieron el Partido Popular Vox y Junts. Seguimos negociando y esperamos en breve poder dar buenas noticias a España, a todo el país, en el sentido de poder llevar otra norma que en este caso pueda salir adelante en el mismo sentido.
Control del precio de las subidas de los precios de los arrendamientos y renovación automática. Y simplemente quiero hacer una reflexión. Si el Reino Unido acaba de aprobar una ley que permite la renovación indefinida de los arrendamientos hasta que haya un incumplimiento, es decir, un impago, y si además el Reino Unido también ha establecido un control de las subidas de los precios, no hay ningún motivo para que no se haga en España.
Y desde luego es una exigencia dirigida en especial al Partido Socialista, que tiene que dejar de ser tibio en este asunto y tomar todas las medidas necesarias para que ese parque público de vivienda sea una realidad que satisfaga las necesidades de la inmensa mayoría de la población de este país.
Esta manifestación también viene a cuento porque dicen los sindicatos de inquilinas que el resultado de la ley de vivienda tres años después de estar en vigor no ha alcanzado los objetivos previstos.
Ustedes también están detrás de esa ley. ¿Qué les podemos decir? Así es. Es lo que ya les he explicado hace un momento. El problema de esa ley, nosotros estuvimos en contra cuando se adoptó esa medida, es que el control de precios, la declaración de zonas tensionadas queda en manos de las comunidades autónomas.
Eso es algo que debe saber todo el país. Muy pocas comunidades autónomas han ejercido esta potestad, Cataluña o el País Vasco o Navarra, todas ellas gobernadas por fuerzas políticas distintas al Partido Popular. El problema es nuevamente el Partido Popular, cuando el Partido Popular gobierna, se niega a la declaración de zonas tensionadas, antepone los intereses especulativos de los grandes propietarios a los intereses o a los derechos de nuestro pueblo.
Por eso es precisamente por lo que estamos pidiendo, negociando y trabajando para que esa potestad, esa posibilidad de declarar zonas tensionadas, es decir, controlar el precio de los arrendamientos y del precio de la vivienda en general, pase también, sea una potestad, una competencia compartida con los ayuntamientos, que sin duda alguna, al ser mucho más plurales en sus gobiernos, al menos todos los que sean gobiernos municipales de la izquierda, desde luego de SUMAR, de Izquierda Unida, por supuesto que van a tomar de inmediato esas decisiones de declaración de zonas tensionadas.
Hasta ahora los ayuntamientos lo único que pueden hacer es pedir a las comunidades autónomas que si tienen a bien hagan esas declaraciones. y ya les digo, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de este país las gobierna el Partido Popular y el Partido Popular se niega radicalmente a las declaraciones de zonas tensionadas.
O sea, su juicio el efecto ha sido decepcionante de la ley. Es una ley que ha ayudado, obviamente, decepcionante no ha sido las comunidades autónomas que han ejercido esa declaración de zona tensionada, pero el problema es el gobierno del Partido Popular y las comunidades autónomas.
Y, por supuesto, hay que hacer una ley que acabe con el bloqueo, con el sabotaje del Partido Popular al control de los precios de la vivienda. Ha hablado del Real Decreto de volver a llevarlo, de que estaban negociando, pero como en otros temas, los números son los números.
¿Con quién negocian? ¿PNV, Junts? Obviamente el Gobierno y en especial los ministros y ministras de Sumar están negociando con las fuerzas políticas que votaron en contra, evidentemente. Con las que votaron a favor, se les informa, se trabaja, pero se cuenta con ese voto. Y francamente lo que hace falta son cuatro votos, cuatro votos que esperamos que salgan de Junts o si el Partido Popular fuera razonable pues aportaría esos cuatro votos porque es algo que interesa a la inmensa mayoría de la población.
Desgraciadamente ya he dicho que hasta ahora el Partido Popular antepone los derechos de los grandes tenedores de vivienda y en esto quiero ser también muy claro, no es cierto que en este país los arrendadores sean mayoritariamente pequeños propietarios.
Cada día las viviendas están más acumuladas en grandes fondos de inversión y en grandes tenedores. Y eso es lo que hay que controlar. ¿Hasta qué punto están dispuestos a hacer cesiones para esa valoración? En una negociación siempre hay que hacer cesiones. Y por supuestísimo que los compañeros y compañeras que están negociando están trabajando para que todas las partes puedan presentar ese resultado de la negociación como positivo.
Pero para nosotros y nosotras el objetivo fundamental es el que les digo, es garantizar viviendas asequibles en un país que tiene multitud de viviendas vacías en estos momentos. Ayer conocimos el informe de la UDED en el que se basa la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Creece la preocupación en la coalición de gobierno?
El informe no dice nada que no se conociera en el autojudicial. De hecho, el autojudicial se construyó sobre ese informe de la UDEF, que a su vez, en buena parte, se ha construido sobre los informes de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, del Home Security, y bueno, pues si nosotros ya hemos marcado la posición, no se puede permitir que se cobre por gestiones políticas.
Eso es un delito. Eso es un delito. Y por otro lado, también dejar bien claro que no vamos a permitir que haya una desestabilización por parte del gobierno de los Estados Unidos manipulando información. Es incomprensible que el embajador de los Estados Unidos en España en esta última semana se haya reunido con el señor Fijo, con el señor Abascal y con la señora Ayuso.
a la Embajada de los Estados Unidos, hay que recordarle que representa a su país ante el gobierno de España, no ante la oposición de España. ¿Esos 400 folios del informe de ayer le mantienen...? Nuestra posición ha sido bien clara, lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable, no puede ser que expresidentes del gobierno compatibilicen sus tareas públicas, una oficina pública de expresidentes del gobierno con actividades privadas, tienen que decidir a qué dedicarse, a una cosa u otra, no pueden mezclarse esos dos ámbitos y lo que hace falta es acometer rápidamente una reforma de la legislación que venimos pidiendo insistentemente.
En primer lugar, impulsar la aprobación de la ley de lobbies, que sorprendentemente está paralizada en el Congreso de los Diputados. Prácticamente somos el único grupo que quiere el impulso de esa ley, que ya está en una fase avanzada, ha pasado el periodo de enmiendas y a la vista de estos acontecimientos estamos siendo muy claros.
Es imprescindible una reforma de la legislación que regula las actividades de los expresidentes y el funcionamiento de las oficinas de los expresidentes, que tienen una regulación absolutamente laxa que permiten estas situaciones tan sumamente desoladoras como la que estamos viviendo en este momento.
O sea, el tratarse de un expresidente no pondría en riesgo la coalición de gobierno actual. Mire, el presidente González, el presidente Aznar han venido haciendo sistemáticamente actividades comerciales utilizando sus conocimientos, sus influencias, evidentemente, y hasta que no se acreditan delitos que además son responsabilidad del gobierno, pues obviamente no es al gobierno a quien hay que pedirle responsabilidades.
Aquí la derecha está acostumbrada a pedir responsabilidades por todo al gobierno. Estos hechos, además, ni siquiera ocurrieron durante este gobierno, ocurrieron durante un gobierno anterior, con lo cual, pues será ese gobierno, en todo caso, al que haya que pedirle dimisiones, lo cual es complicado.
Pero hasta ahora ni en los informes policiales, ni en los informes de las agencias estadounidenses, ni en las resoluciones judiciales, se apunta a ningún comportamiento indebido por parte de este gobierno y tampoco del anterior.
Yo les recuerdo que fueron seis rescates de compañías aéreas, seis rescates, y no hay ningún cuestionamiento de la idoneidad del rescate. Incluso les recuerdo que la querella de manos limpias se dirigió contra un vicepresidente de la SEPI, nombrado por el señor Mariano Rajoy.
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