El desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid ha supuesto una reflexión sobre la actual situación de vivienda de España que según la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) exige medidas estructurales por parte del Gobierno para impedir los desahucios, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la congelación de los precios actuales del alquiler y la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos, entre otras. Sin embargo, el abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de San Pablo CEU, José María Abella Rubio, considera que estas cuestiones no pueden permitir que "salga perjudicado el dueño de la vivienda".
El abogado José María Abella Rubio ha manifestado su preocupación ante el inminente decreto ley sobre vivienda que se busca aprobar, subrayando la necesidad de asegurarse de que no perjudique a los propietarios. Abella enfatiza que es inaceptable permitir que una persona habite una vivienda indefinidamente sin pagar la renta correspondiente, incluso si esta es cubierta por un tercero. Además, cuestiona la constitucionalidad de las modificaciones propuestas por ciertos sindicatos, advirtiendo que no sería la primera vez que una ley es posteriormente revocada o declarada inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales. También menciona que, aunque existen posibilidades de expropiación de viviendas en circunstancias específicas, es crucial analizar detenidamente los términos de dicha ley para garantizar que se ajuste a la legalidad vigente. La situación actual plantea un debate entre la protección de los derechos de los inquilinos y los derechos de los propietarios, lo que requiere un enfoque equilibrado y justo por parte del legislador.
Transcripciones
Habrá que ver exactamente en qué términos está redactado ese decreto ley que se quiere aprobar, pero lo que está claro es que lo que no se puede permitir, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista jurídico, es que a una persona se le deje permanecer en una vivienda todo el tiempo que quiera sin abonar una renta y que en este caso se salga perjudicado el dueño de la vivienda, aunque esa renta se la supla o se la pague un tercero.
Por lo tanto, habrá que ver en qué términos está redactada esa modificación que quiere introducir este sindicato a los efectos de ver si dicha ley o real decreto, en este caso, es constitucional o no, porque no sería la primera vez que se aprueba una ley y que luego con posterioridad o bien es revocada o es declarada en su totalidad o en parte inconstitucional por vulnerar precisamente derechos fundamentales.
Bueno, a día de hoy no se puede porque no está legalmente permitido. Insisto, si se aprobara una ley que permitiera expropiar pisos en determinadas circunstancias, pues habría que ver en qué términos está redactada esa ley de expropiación para ver si la misma es ajustada a derecho.
Habrá que ver exactamente en qué términos está redactado ese decreto ley que se quiere aprobar, pero lo que está claro es que lo que no se puede permitir, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista jurídico, es que a una persona se le deje permanecer en una vivienda todo el tiempo que quiera sin abonar una renta y que en este caso se salga perjudicado el dueño de la vivienda, aunque esa renta se la supla o se la pague un tercero.
Por lo tanto, habrá que ver en qué términos está redactada esa modificación que quiere introducir este sindicato a los efectos de ver si dicha ley o real decreto, en este caso, es constitucional o no, porque no sería la primera vez que se aprueba una ley y que luego con posterioridad o bien es revocada o es declarada en su totalidad o en parte inconstitucional por vulnerar precisamente derechos fundamentales.
Bueno, a día de hoy no se puede porque no está legalmente permitido. Insisto, si se aprobara una ley que permitiera expropiar pisos en determinadas circunstancias, pues habría que ver en qué términos está redactada esa ley de expropiación para ver si la misma es ajustada a derecho.
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