Declaraciones del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, explicando que el auto dictado por el Tribunal Supremo (TS) en torno a la conocida como 'ley de nietos' dice que todas las personas que recuperaron la nacionalidad según esta ley "tienen suspendido el derecho al voto" y considerando que esto no beneficia a nadie en términos de votos, la intención de Vox creo que es sembrar dudas sobre el Gobierno, sobre la ley y sobre la licitud del procedimiento electoral".
El Tribunal Supremo ha dictado un auto que suspende el derecho al voto a aproximadamente 170.000 personas que recuperaron la nacionalidad española bajo la ley de nietos, que permite a los descendientes de quienes huyeron de España entre 1936 y 1955 recuperar su nacionalidad por motivos políticos o de discriminación sexual. Esta decisión afecta a quienes se habían acogido a esta ley y no podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre. A pesar de que algunos de estos nacionalizados podrían haber presentado pruebas de su condición de descendientes de perseguidos políticos, el cierre del censo electoral y los plazos limitados hacen prácticamente imposible que puedan recurrir. El partido Vox impugnó la participación de estos votantes, argumentando que algunos no habían demostrado su elegibilidad, lo que ha llevado a esta suspensión general del derecho al voto, generando dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y la ley misma.
Transcripciones
Es un auto en el que lo que dice es que todas las personas que se nacionalizaron españoles, que recuperaron la nacionalidad, de hecho, aprovechando la ley de nietos, que es una ley que decía que quienes entre el año 36 y el año 55 hubieran huido de España por motivos políticos o de discriminación sexual podían recuperar la nacionalidad, pues todos los que se hayan acogido a esa ley tienen suspendido el derecho al voto no pueden votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Eso es en esencia la decisión. Bueno, claro. En principio, lo que dice el auto es todas las personas, son unas 170.000 que han adquirido a nacionalidad española conforme a la ley de memoria democrática, en principio no pueden participar en las elecciones del 29 de noviembre.
De ahí se puede excluir las personas que, en el momento que adquirieron la nacionalidad española presentaron pruebas fehacientes de que sus antecesores sí que habían sido perseguidos políticamente podrían volver a votar lo que pasa es que ya no da tiempo a que se les vuelva a incluir en el ceso contra esta decisión todos los afectados que son 168.000 tienen cinco días para comparecer ante el Tribunal Supremo que es un plazo muy pequeño, y la única opción es que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Y una vez que el Tribunal Supremo vea su asunto, si no les da razón, les quedaría la posibilidad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero los plazos impiden que suceda nada de esto, porque ayer quedó cerrado el censo para las elecciones, en el mismo momento en que el Tribunal Supremo dictó su auto, quedó cerrado el censo, Las reclamaciones son hasta el día 23, con lo cual prácticamente la realidad es imposible que ninguna de estas personas pueda votar en las próximas elecciones.
Podrán recurrir para elecciones futuras, pero por ahora en este caso no pueden participar. Para que el asunto llegue al Tribunal Constitucional hay que falta que alguien recurriera y para recurrir tendrías que ser parte y haber agotado la vía. Con lo cual en principio yo creo que es casi imposible que intervenga el Tribunal Constitucional y los plazos son muy breves.
porque ayer se cerró el censo, quedan 10 días para reclamaciones y yo creo que es casi imposible que en plazos tan cortos se pueda revertir la decisión. Se trata de una ley del año 22 en la que se decía que los descendientes de quien hubiera huido de España entre el año 36 y el 55, esos son los años duros de la dictadura, por motivos políticos o por una persecución sexual, pues tenían derecho a recuperar la nacionalidad española.
Esta ley se aprobó en el año 22, existía de antes algo parecido desde 2006 pero en el año 22 ya se aclaró y entonces la ley se empezó a aplicar en el año 22. En las elecciones del año 23 ya votaron personas que habían adquirido la nacionalidad de esta ley en el año 24 también.
Luego en los últimos procesos electorales en todos ellos ha Ha habido personas que habían adquirido nacionalidad española aprovechando la ley, igual que habían insistido ante la ley para descendientes de judíos sefardíes o para otros casos, y ya han participado en elecciones anteriores.
Lo que pasa es que no se había impugnado. En este caso, el partido político Vox impugnó la participación en las elecciones de estas personas, pero no impugnó su nacionalidad. Quiero decir que todas estas personas son españoles de pleno derecho, tienen un DNI como todos nosotros, son españoles como todos los demás.
Lo que se ha impugnado no es que sean españoles, sino que participen en las elecciones. Quiero decir que ellos tienen el resto de derechos como españoles, pueden presentarse a una plaza de función pública, pueden pedir subvenciones, pueden actuar como españoles en todos, menos en el derecho al voto, a pesar de que en ocasiones anteriores lo hubieran tenido.
Simplemente en este caso, Vox ha pensado que no se estaba aplicando bien la ley. El problema es que el auto del Supremo no solamente impide votar a aquellas personas a las que Vox dice que no se ha aplicado bien la ley. Vox se queja de que a algunas personas se les había dado nacionalidad sin comprobar si efectivamente tenían pruebas o no de que su ascendiente se hubiera escapado por motivos políticos.
Entonces el tribunal, como no podía saber a quién se había dado con pruebas o sin pruebas Lo que ha hecho es suspender el voto de todos Incluso de las personas que demostraron que eran descendientes Demostraron con todas las pruebas que eran descendientes de perseguidos políticos En verdad no se puede saber a quién iban a votar estas personas La estadística nos dice que las personas que votan en el extranjero Que son las que no pueden votar desde fuera Mayoritariamente suelen votar conservador, pero tampoco está claro Yo creo que esto no beneficia a nadie en términos de votos.
La operación o la intención del partido Vox, en mi opinión, es sembrar dudas sobre el gobierno, sobre la ley y sobre la licitud del procedimiento electoral. Pero más que nada lo que se impugna en la ley, se impugna en la idea de que los descendientes de perseguidos políticos puedan votar.
Porque en verdad no se trata de que vayan a votar al PSOE, al PP o a Vox, porque es imposible saberlo e incluso las estadísticas nos dicen que suelen tener opciones conservadoras.
Es un auto en el que lo que dice es que todas las personas que se nacionalizaron españoles, que recuperaron la nacionalidad, de hecho, aprovechando la ley de nietos, que es una ley que decía que quienes entre el año 36 y el año 55 hubieran huido de España por motivos políticos o de discriminación sexual podían recuperar la nacionalidad, pues todos los que se hayan acogido a esa ley tienen suspendido el derecho al voto no pueden votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Eso es en esencia la decisión. Bueno, claro. En principio, lo que dice el auto es todas las personas, son unas 170.000 que han adquirido a nacionalidad española conforme a la ley de memoria democrática, en principio no pueden participar en las elecciones del 29 de noviembre.
De ahí se puede excluir las personas que, en el momento que adquirieron la nacionalidad española presentaron pruebas fehacientes de que sus antecesores sí que habían sido perseguidos políticamente podrían volver a votar lo que pasa es que ya no da tiempo a que se les vuelva a incluir en el ceso contra esta decisión todos los afectados que son 168.000 tienen cinco días para comparecer ante el Tribunal Supremo que es un plazo muy pequeño, y la única opción es que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Y una vez que el Tribunal Supremo vea su asunto, si no les da razón, les quedaría la posibilidad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero los plazos impiden que suceda nada de esto, porque ayer quedó cerrado el censo para las elecciones, en el mismo momento en que el Tribunal Supremo dictó su auto, quedó cerrado el censo, Las reclamaciones son hasta el día 23, con lo cual prácticamente la realidad es imposible que ninguna de estas personas pueda votar en las próximas elecciones.
Podrán recurrir para elecciones futuras, pero por ahora en este caso no pueden participar. Para que el asunto llegue al Tribunal Constitucional hay que falta que alguien recurriera y para recurrir tendrías que ser parte y haber agotado la vía. Con lo cual en principio yo creo que es casi imposible que intervenga el Tribunal Constitucional y los plazos son muy breves.
porque ayer se cerró el censo, quedan 10 días para reclamaciones y yo creo que es casi imposible que en plazos tan cortos se pueda revertir la decisión. Se trata de una ley del año 22 en la que se decía que los descendientes de quien hubiera huido de España entre el año 36 y el 55, esos son los años duros de la dictadura, por motivos políticos o por una persecución sexual, pues tenían derecho a recuperar la nacionalidad española.
Esta ley se aprobó en el año 22, existía de antes algo parecido desde 2006 pero en el año 22 ya se aclaró y entonces la ley se empezó a aplicar en el año 22. En las elecciones del año 23 ya votaron personas que habían adquirido la nacionalidad de esta ley en el año 24 también.
Luego en los últimos procesos electorales en todos ellos ha Ha habido personas que habían adquirido nacionalidad española aprovechando la ley, igual que habían insistido ante la ley para descendientes de judíos sefardíes o para otros casos, y ya han participado en elecciones anteriores.
Lo que pasa es que no se había impugnado. En este caso, el partido político Vox impugnó la participación en las elecciones de estas personas, pero no impugnó su nacionalidad. Quiero decir que todas estas personas son españoles de pleno derecho, tienen un DNI como todos nosotros, son españoles como todos los demás.
Lo que se ha impugnado no es que sean españoles, sino que participen en las elecciones. Quiero decir que ellos tienen el resto de derechos como españoles, pueden presentarse a una plaza de función pública, pueden pedir subvenciones, pueden actuar como españoles en todos, menos en el derecho al voto, a pesar de que en ocasiones anteriores lo hubieran tenido.
Simplemente en este caso, Vox ha pensado que no se estaba aplicando bien la ley. El problema es que el auto del Supremo no solamente impide votar a aquellas personas a las que Vox dice que no se ha aplicado bien la ley. Vox se queja de que a algunas personas se les había dado nacionalidad sin comprobar si efectivamente tenían pruebas o no de que su ascendiente se hubiera escapado por motivos políticos.
Entonces el tribunal, como no podía saber a quién se había dado con pruebas o sin pruebas Lo que ha hecho es suspender el voto de todos Incluso de las personas que demostraron que eran descendientes Demostraron con todas las pruebas que eran descendientes de perseguidos políticos En verdad no se puede saber a quién iban a votar estas personas La estadística nos dice que las personas que votan en el extranjero Que son las que no pueden votar desde fuera Mayoritariamente suelen votar conservador, pero tampoco está claro Yo creo que esto no beneficia a nadie en términos de votos.
La operación o la intención del partido Vox, en mi opinión, es sembrar dudas sobre el gobierno, sobre la ley y sobre la licitud del procedimiento electoral. Pero más que nada lo que se impugna en la ley, se impugna en la idea de que los descendientes de perseguidos políticos puedan votar.
Porque en verdad no se trata de que vayan a votar al PSOE, al PP o a Vox, porque es imposible saberlo e incluso las estadísticas nos dicen que suelen tener opciones conservadoras.
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