Declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha demandado explicaciones a la Junta de Andalucía sobre las irregularidades detectadas en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAC). Montero ha solicitado detalles sobre los contratos afectados, las empresas beneficiadas y las justificaciones que la Junta dio a la Intervención General tras recibir informes sobre el tema. Además, ha recordado que hace un año se solicitó la reprobación del presidente de la Cámara de Cuentas por paralizar la fiscalización de contratos menores. Según un reciente informe, el 80% de los 38.000 millones de euros auditados corresponden al SAC, revelando graves incumplimientos en la contratación. Montero ha subrayado la necesidad de investigar cada euro gastado por el SAC, insistiendo en que es crucial mantener el control sobre el uso de recursos públicos y evitar que estas irregularidades se repitan en el futuro.
Transcripciones
Por eso necesitamos explicaciones y queremos saber cuántos millones de euros corresponden a expedientes con irregularidad, qué contratos están afectados y quiénes son los titulares de esos contratos, qué empresas recibieron ese dinero, cuántas fueron beneficiadas de manera reiterada de contratos menores, fraccionados ilegalmente o procedimientos que se están cuestionando.
¿Qué hizo la Junta de Andalucía cuando recibió los informes por parte de la Intervención General después de haberse efectuado el pago? ¿Cambió algún procedimiento? ¿Dio algún tipo de justificación a la intervención? ¿Elevó algún informe de actuación? ¿Quién los conocía? Lo hacía el presidente de la Junta de Andalucía y, sobre todo, por qué amplió este sistema de control y lo mantuvo cuando ya había advertencia sobre esta deficiencia.
Y creo además que hay un antecedente que desde luego cobra más importancia. Recuerdan que hace apenas un año tuvimos que pedir la reprobación del presidente de la Cámara de Cuentas porque había paralizado la fiscalización específica de contratos menores entre el año 22 y 23.
Una fiscalización que también afectaba a la contratación del SAC. Es decir, el presidente de la Cámara de Cuentas decidió no investigar el fraccionamiento de estos contratos o los contratos menores que se pudieran estar desarrollando en este periodo de tiempo.
Entonces decíamos que el principal órgano de control de las cuentas de Andalucía tenía que entrar a fondo en la contratación sanitaria que estaba bajo sospecha y que está siendo investigada por los tribunales.
Ahora, hoy, un tiempo después, conocemos otro informe, el de la Cámara de Cuentas, en donde nos dice que ese 80% de los 38.000 millones correspondían precisamente al SAC y que revela cumplimientos muy graves en la contratación.
Por tanto, hoy tenemos más razones que nunca para exigir que se fiscalice hasta el último euro gastado por el Servicio Andaluz de Salud. Es dinero de todos que se tiene que investigar y que, desde luego, en este momento no podemos dar por bueno todo ese periodo que se ha analizado por la Cámara de Cuentas, por las irregularidades que se plantean, de las que tienen que rendir, por supuesto, responsabilidad y porque no queremos que este tipo de procedimientos continúen en el futuro sin ningún tipo de control.
Por eso necesitamos explicaciones y queremos saber cuántos millones de euros corresponden a expedientes con irregularidad, qué contratos están afectados y quiénes son los titulares de esos contratos, qué empresas recibieron ese dinero, cuántas fueron beneficiadas de manera reiterada de contratos menores, fraccionados ilegalmente o procedimientos que se están cuestionando.
¿Qué hizo la Junta de Andalucía cuando recibió los informes por parte de la Intervención General después de haberse efectuado el pago? ¿Cambió algún procedimiento? ¿Dio algún tipo de justificación a la intervención? ¿Elevó algún informe de actuación? ¿Quién los conocía? Lo hacía el presidente de la Junta de Andalucía y, sobre todo, por qué amplió este sistema de control y lo mantuvo cuando ya había advertencia sobre esta deficiencia.
Y creo además que hay un antecedente que desde luego cobra más importancia. Recuerdan que hace apenas un año tuvimos que pedir la reprobación del presidente de la Cámara de Cuentas porque había paralizado la fiscalización específica de contratos menores entre el año 22 y 23.
Una fiscalización que también afectaba a la contratación del SAC. Es decir, el presidente de la Cámara de Cuentas decidió no investigar el fraccionamiento de estos contratos o los contratos menores que se pudieran estar desarrollando en este periodo de tiempo.
Entonces decíamos que el principal órgano de control de las cuentas de Andalucía tenía que entrar a fondo en la contratación sanitaria que estaba bajo sospecha y que está siendo investigada por los tribunales.
Ahora, hoy, un tiempo después, conocemos otro informe, el de la Cámara de Cuentas, en donde nos dice que ese 80% de los 38.000 millones correspondían precisamente al SAC y que revela cumplimientos muy graves en la contratación.
Por tanto, hoy tenemos más razones que nunca para exigir que se fiscalice hasta el último euro gastado por el Servicio Andaluz de Salud. Es dinero de todos que se tiene que investigar y que, desde luego, en este momento no podemos dar por bueno todo ese periodo que se ha analizado por la Cámara de Cuentas, por las irregularidades que se plantean, de las que tienen que rendir, por supuesto, responsabilidad y porque no queremos que este tipo de procedimientos continúen en el futuro sin ningún tipo de control.
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