La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, anuncia un recurso jurídico contra el Real Decreto de regularización "masiva" de migrantes que aprueba este martes, 14 de abril, el Consejo de Ministros.
La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, ha anunciado que su gobierno se opondrá al Real Decreto de regularización masiva de migrantes, aprobado el 14 de abril por el Consejo de Ministros. Susín califica este decreto como un 'sinsentido', argumentando que su aplicación podría generar un colapso en los servicios públicos de las comunidades autónomas. Además, la consejera critica la falta de garantías sobre el estado legal de las personas que se beneficiarán de esta regularización, ya que no se asegura que cerca de un millón y medio de migrantes no tengan antecedentes penales o juicios pendientes en sus países de origen. En este sentido, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están preparando recursos legales y acciones políticas para desafiar la medida, que consideran que crea inseguridad jurídica en la sociedad española.
Transcripciones
Nos opusimos, nos oponemos y nos opondremos a este decreto de regularización masiva, que es un sinsentido tal y como está articulado, y en cuanto hoy veamos el texto y sepamos qué parte del informe con las alegaciones del Consejo de Estado que conocimos el fin de semana se ha admitido, pues los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón trabajarán en preparar esos recursos jurídicos y todas las acciones también de carácter político para oponernos a este Real Decreto que, insisto, supone una regularización masiva que se carga sobre los servicios públicos de las comunidades autónomas que nos pueden llevar al colapso y que además ni siquiera se garantiza que esas cerca de millón y medio de personas que se va a regularizar sepamos si tienen antecedentes penales, si tienen juicios pendientes en sus países.
es una absoluta inseguridad jurídica a la que también se somete a la sociedad española.
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Nos opusimos, nos oponemos y nos opondremos a este decreto de regularización masiva, que es un sinsentido tal y como está articulado, y en cuanto hoy veamos el texto y sepamos qué parte del informe con las alegaciones del Consejo de Estado que conocimos el fin de semana se ha admitido, pues los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón trabajarán en preparar esos recursos jurídicos y todas las acciones también de carácter político para oponernos a este Real Decreto que, insisto, supone una regularización masiva que se carga sobre los servicios públicos de las comunidades autónomas que nos pueden llevar al colapso y que además ni siquiera se garantiza que esas cerca de millón y medio de personas que se va a regularizar sepamos si tienen antecedentes penales, si tienen juicios pendientes en sus países.
es una absoluta inseguridad jurídica a la que también se somete a la sociedad española.
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