El procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha reclamado "responsabilidades políticas" a los dirigentes de la Junta tras la dimisión del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y del director de Gestión del Área Económica, Óscar Pérez, ya que ambos responsables han presentado su renuncia ante su situación procesal tras ser detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por presunta "prevaricación administrativa continuada".
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Por supuesto que hemos hablado del gerente de asistencia sanitaria de Soria y le hemos pedido explicaciones.
Le hemos pedido explicaciones que ha contestado, pues que él se enteró también prácticamente por la prensa y que sí, que estudiarían el caso y que delimitarían responsabilidades.
Pero le hemos pedido explicaciones por varios motivos, porque lo primero es un delito.
Está tipificado la prevaricación, dictar resoluciones administrativas a sabiendas de que son injustas.
Lo segundo, porque parece que es continuado.
Simplemente tienen que consultar la plataforma de contratación, buscar gerencia de asistencia sanitaria de Soria y poner las palabras clave, elipuerto o residuos sanitarios.
Y ahí se verá cómo aparecen los contratos sucesivos que se han firmado y que todo apunta a un fraccionamiento de contratos.
¿Cómo si eso en media hora de consultas lo puede saber cualquier ciudadano? No había nadie al frente de la Junta observando esto.
Ahí yo creo que una responsabilidad política de los dirigentes de la Delegación Territorial de Soria, de la gerencia de Chacil o el consejero de Sanidad que deberían haber estado vigilando esto.
Porque un fraccionamiento de contratos es algo importante.
Se está burlando el procedimiento administrativo fijado para resolver la contratación, para que esa contratación sea justa y en igualdad de condiciones a todas las empresas solicitantes.
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Por supuesto que hemos hablado del gerente de asistencia sanitaria de Soria y le hemos pedido explicaciones. Le hemos pedido explicaciones que ha contestado, pues que él se enteró también prácticamente por la prensa y que sí, que estudiarían el caso y que delimitarían responsabilidades.
Pero le hemos pedido explicaciones por varios motivos, porque lo primero es un delito. Está tipificado la prevaricación, dictar resoluciones administrativas a sabiendas de que son injustas. Lo segundo, porque parece que es continuado. Simplemente tienen que consultar la plataforma de contratación, buscar gerencia de asistencia sanitaria de Soria y poner las palabras clave, elipuerto o residuos sanitarios.
Y ahí se verá cómo aparecen los contratos sucesivos que se han firmado y que todo apunta a un fraccionamiento de contratos. ¿Cómo si eso en media hora de consultas lo puede saber cualquier ciudadano? No había nadie al frente de la Junta observando esto. Ahí yo creo que una responsabilidad política de los dirigentes de la Delegación Territorial de Soria, de la gerencia de Chacil o el consejero de Sanidad que deberían haber estado vigilando esto.
Porque un fraccionamiento de contratos es algo importante. Se está burlando el procedimiento administrativo fijado para resolver la contratación, para que esa contratación sea justa y en igualdad de condiciones a todas las empresas solicitantes.
El procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha solicitado responsabilidades políticas a los líderes de la Junta tras la dimisión del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y del director de Gestión del Área Económica, Óscar Pérez. Ambos funcionarios renunciaron tras ser detenidos por la Guardia Civil en una investigación relacionada con presunta prevaricación administrativa continuada. Ceña argumenta que la situación es grave, dado que la prevaricación implica dictar resoluciones injustas de manera consciente. Además, subrayó que la existencia de contratos sucesivos y un posible fraccionamiento de los mismos deben ser objeto de un análisis riguroso. El procurador criticó la falta de supervisión por parte de los dirigentes de la Junta, sugiriendo que el escándalo podría haberse evitado si hubiera habido una adecuada vigilancia sobre la contratación pública en la región.
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