La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha defendido que son muchos los sectores económicos que han aplaudido el procedimiento de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno por el papel relevante de la mano de obra extranjera: "En algo que coincidimos todos es en que la economía sumergida daña nuestro país, daña a los tejidos productivos y, fundamentalmente, menoscaba derechos a personas que están ya en nuestro país".
Transcripciones
Como saben, está a punto de comenzar, estamos ultimando los detalles con ese procedimiento de regulación extraordinaria que va a poner en marcha el Gobierno de España y que va a dar derechos, que va a visibilizar a personas que ya están en nuestro país y que cuenta con una triple legitimidad.
Coge el testigo de esa iniciativa legislativa popular que se tramitó en el Congreso de los Diputados y que no consiguió ver la luz, pero que fue ampliamente respaldada, tiene esa legitimidad política, También tiene la legitimidad social, saben que esa iniciativa llevaba detrás 700.
000 firmas de diferentes organizaciones, incluso de la Iglesia Católica, exigiendo esos derechos para muchas personas que ya están en nuestro país.
y también la legitimidad económica.
Son muchos los sectores económicos que han aplaudido este procedimiento porque, indudablemente, hay un importante papel de la mano de obra de trabajadores extranjeros y en algo coincidimos todos es que la economía sumergida daña a nuestro país, daña a los tejidos productivos y, fundamentalmente, también menoscaba derechos a personas que están en nuestro país.
Y, por supuesto, como saben, ese procedimiento de regularización forma parte de una política, como les digo, transversal y muy completa y es un paso más, saben que también estamos trabajando en ese plan de integración donde tiene mucho que decir todos los niveles de la administración, desde lo local, pasando a la administración autonómica y también a la administración estatal.
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Como saben, está a punto de comenzar, estamos ultimando los detalles con ese procedimiento de regulación extraordinaria que va a poner en marcha el Gobierno de España y que va a dar derechos, que va a visibilizar a personas que ya están en nuestro país y que cuenta con una triple legitimidad.
Coge el testigo de esa iniciativa legislativa popular que se tramitó en el Congreso de los Diputados y que no consiguió ver la luz, pero que fue ampliamente respaldada, tiene esa legitimidad política, También tiene la legitimidad social, saben que esa iniciativa llevaba detrás 700.000 firmas de diferentes organizaciones, incluso de la Iglesia Católica, exigiendo esos derechos para muchas personas que ya están en nuestro país.
y también la legitimidad económica. Son muchos los sectores económicos que han aplaudido este procedimiento porque, indudablemente, hay un importante papel de la mano de obra de trabajadores extranjeros y en algo coincidimos todos es que la economía sumergida daña a nuestro país, daña a los tejidos productivos y, fundamentalmente, también menoscaba derechos a personas que están en nuestro país.
Y, por supuesto, como saben, ese procedimiento de regularización forma parte de una política, como les digo, transversal y muy completa y es un paso más, saben que también estamos trabajando en ese plan de integración donde tiene mucho que decir todos los niveles de la administración, desde lo local, pasando a la administración autonómica y también a la administración estatal.
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