Declaraciones de la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz.
Transcripciones
Y hablando de transparencia, para decisiones irresponsables, el convenio de Google de la Junta de Andalucía, que ha dado lugar a una sanción del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Seis infracciones, seis.
Dos muy graves, tres graves y una leve.
Seis infracciones.
¿Cómo que dice la Junta de Andalucía que no pasa nada? ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa nada? Si no pasara nada, el Consejo no te hubiera impuesto seis infracciones, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo que esto es una anomalía administrativa? Esto es una decisión política que, por cierto, se tomó después de la pandemia, en 2020.
Y a los centros educativos le soltaron, sin contar con absolutamente ninguno de ellos, que la Junta de Andalucía había hecho un acuerdo con Google.
Así se lo soltaron.
No contaron con absolutamente nadie.
Lo habían decidido ellos como habían querido.
A través de ese convenio, los centros educativos podían acceder a una cantidad de aplicaciones espectaculares con las que cuenta la plataforma tecnológica.
Espectaculares, una cantidad de aplicaciones espectaculares.
Y claro, la pregunta es bastante evidente.
¿A cambio de qué Google ofrecía todo el abanico de aplicaciones que tiene esta gran potencia tecnológica? ¿Qué pasa? ¿Que Google es una ONG? ¿Lo hacía voluntariamente? Claro, es que Google es una empresa, una empresa tecnológica, una multinacional tecnológica que, como ella misma se define, su modelo de negocio se basa en los datos.
Vamos, que se forra con nuestros datos.
Y claro, si la Junta de Andalucía firma un convenio con Google, Google pone a disposición de todos los centros educativos todo su potencial a través de sus aplicaciones, ¿qué gana Google? Los datos, ¿no? los datos.
Miren, ha quedado suficientemente acreditado, eso dice la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, ha quedado acreditado que la Junta de Andalucía implantó una herramienta que trata los datos de los menores sin analizar previamente los riesgos para la protección de los mismos.
Ha quedado acreditado que la Junta de Andalucía no adoptó medidas suficientes para evitar el riesgo de que los menores subieran al sistema datos que podían ser especialmente sensibles, datos relacionados con imágenes, con contenido audiovisual, sobre su salud, sobre su religión, en fin, datos sensibles.
Ha quedado acreditado que no informaron absolutamente, desde luego, a los niños y a la niña, ni a la familia, ni a los profesores.
No informaron a nadie de estos riesgos y ha quedado acreditado que además se han permitido transferencias internacionales de datos de esos menores que pueden haber salido de la protección de la Unión Europea.
y quiere despachar la Junta de Andalucía esta grave irresponsabilidad de poner los datos de nuestros hijos y de nuestras hijas a disposición de una multinacional cuyo negocio se basa en forrarse a base de nuestros datos.
¿Con qué esto es una anomalía administrativa? Esto es una decisión política de la que tienen que dar explicaciones inmediatamente.
inmediatamente hombre, el señor Moreno Bonilla el 29 de enero planteó limitar el acceso de los menores a las redes sociales y a los móviles pero hace 5 años le vendió los datos de los niños a Google.
Pues no, muy coherente esto, muy coherente.
Por eso nosotros, este tema que nos parece de una extrema gravedad, porque todavía nadie nos ha dado explicaciones ni a los padres ni a las madres ni a los profesores de qué pasa con los datos de nuestros hijos, queremos primero que se suspenda inmediatamente esta venta ilegal de datos de los niños y de los datos de sus familias también.
Que se pare, que se suspenda inmediatamente.
Desde luego que se abra una investigación para saber cuál es el alcance de semejante barbaridad y que se asuman responsabilidades políticas.
La actual consejera de Educación era la vice consejera cuando se firmó el convenio en 2020 y era consejera cuando se ha prorrogado el convenio.
Esto no se despacha diciendo, no, no se preocupen, está todo controlado.
Si estuviera todo controlado, no tendrían seis infracciones.
Repito, la mayoría de graves o muy graves.
Así que el tema no es para tomárselo a broma, porque estamos hablando de datos especialmente sensibles, de menores, que a día de hoy no sabemos cuál es la utilización que se puede hacer por parte de esta empresa, que, por cierto, ha sido sancionada en varias ocasiones por la propia Unión Europea.
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Y hablando de transparencia, para decisiones irresponsables, el convenio de Google de la Junta de Andalucía, que ha dado lugar a una sanción del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Seis infracciones, seis. Dos muy graves, tres graves y una leve. Seis infracciones. ¿Cómo que dice la Junta de Andalucía que no pasa nada? ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa nada? Si no pasara nada, el Consejo no te hubiera impuesto seis infracciones, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo que esto es una anomalía administrativa?
Esto es una decisión política que, por cierto, se tomó después de la pandemia, en 2020. Y a los centros educativos le soltaron, sin contar con absolutamente ninguno de ellos, que la Junta de Andalucía había hecho un acuerdo con Google. Así se lo soltaron. No contaron con absolutamente nadie.
Lo habían decidido ellos como habían querido. A través de ese convenio, los centros educativos podían acceder a una cantidad de aplicaciones espectaculares con las que cuenta la plataforma tecnológica. Espectaculares, una cantidad de aplicaciones espectaculares. Y claro, la pregunta es bastante evidente. ¿A cambio de qué Google ofrecía todo el abanico de aplicaciones que tiene esta gran potencia tecnológica?
¿Qué pasa? ¿Que Google es una ONG? ¿Lo hacía voluntariamente? Claro, es que Google es una empresa, una empresa tecnológica, una multinacional tecnológica que, como ella misma se define, su modelo de negocio se basa en los datos. Vamos, que se forra con nuestros datos. Y claro, si la Junta de Andalucía firma un convenio con Google, Google pone a disposición de todos los centros educativos todo su potencial a través de sus aplicaciones, ¿qué gana Google?
Los datos, ¿no? los datos. Miren, ha quedado suficientemente acreditado, eso dice la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, ha quedado acreditado que la Junta de Andalucía implantó una herramienta que trata los datos de los menores sin analizar previamente los riesgos para la protección de los mismos.
Ha quedado acreditado que la Junta de Andalucía no adoptó medidas suficientes para evitar el riesgo de que los menores subieran al sistema datos que podían ser especialmente sensibles, datos relacionados con imágenes, con contenido audiovisual, sobre su salud, sobre su religión, en fin, datos sensibles.
Ha quedado acreditado que no informaron absolutamente, desde luego, a los niños y a la niña, ni a la familia, ni a los profesores. No informaron a nadie de estos riesgos y ha quedado acreditado que además se han permitido transferencias internacionales de datos de esos menores que pueden haber salido de la protección de la Unión Europea.
y quiere despachar la Junta de Andalucía esta grave irresponsabilidad de poner los datos de nuestros hijos y de nuestras hijas a disposición de una multinacional cuyo negocio se basa en forrarse a base de nuestros datos.
¿Con qué esto es una anomalía administrativa? Esto es una decisión política de la que tienen que dar explicaciones inmediatamente. inmediatamente hombre, el señor Moreno Bonilla el 29 de enero planteó limitar el acceso de los menores a las redes sociales y a los móviles pero hace 5 años le vendió los datos de los niños a Google.
Pues no, muy coherente esto, muy coherente. Por eso nosotros, este tema que nos parece de una extrema gravedad, porque todavía nadie nos ha dado explicaciones ni a los padres ni a las madres ni a los profesores de qué pasa con los datos de nuestros hijos, queremos primero que se suspenda inmediatamente esta venta ilegal de datos de los niños y de los datos de sus familias también.
Que se pare, que se suspenda inmediatamente. Desde luego que se abra una investigación para saber cuál es el alcance de semejante barbaridad y que se asuman responsabilidades políticas. La actual consejera de Educación era la vice consejera cuando se firmó el convenio en 2020 y era consejera cuando se ha prorrogado el convenio.
Esto no se despacha diciendo, no, no se preocupen, está todo controlado. Si estuviera todo controlado, no tendrían seis infracciones. Repito, la mayoría de graves o muy graves. Así que el tema no es para tomárselo a broma, porque estamos hablando de datos especialmente sensibles, de menores, que a día de hoy no sabemos cuál es la utilización que se puede hacer por parte de esta empresa, que, por cierto, ha sido sancionada en varias ocasiones por la propia Unión Europea.
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